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Mineros atrapados: nueva y cruda realidad del modelo impuesto

La Central Autónoma de Trabajadores, CAT, fue la primera en denunciar que, este hecho no podía ser calificado como un “accidente”, porque un accidente es lo que ocurre de manera fortuita o por casualidad y lo que produjo el derrumbe no fue por causa de la madre naturaleza, sino que por la falta de Fiscalización y el No cumplimiento de las Normas de Seguridad, establecido en la Legislación vigente. Por lo tanto, quien no cumple con la Ley se coloca fuera del Estado de Derecho, por lo cual la Sociedad, a través de sus autoridades, deben perseguir sus responsabilidades y establecer las culpas y sanciones respectivas.
A través de las noticias y de los reportajes, se ha denunciado lo que era un secreto a voces: la Empresa no cumplía, incluso como política, las Normas de Seguridad que la Ley exige para la Minería. La historia de la Empresa San Esteban, cuyos dueños son ALEJANDRO BOIHN y MARCELO KEMENY, está plagada de desgracias, que han provocado la muerte y mutilación de trabajadores mineros. Aún más, el Incumplimiento de las Normas de Seguridad, era “acatado”, debido a que se cancelaba un poco más que en el resto de las minas. Es decir, también los dueños de la mina se aprovecharon de la necesidad del minero: querer darle un mejor y mayor bienestar a sus familia.
Si bien es cierto, la última multa se le cursó sólo hace dos meses, ha quedado demostrado de que el mecanismo de multas para los empresarios no es el camino para hacer cumplir la Ley. Por una parte, porque ésta no afecta su Imagen Pública y, por otra, debido a que sus montos son tan pequeños o míseros que, en nada afectan a su rentabilidad, que es su gran objetivo.
Del mismo modo, mientras el empresariado siga considerando que los trabajadores y las trabajadoras son meros recursos, y como tal son desechables, reemplazables estas situaciones seguirán ocurriendo .Nuestra Sociedad y su autoridades deben asumir que el trabajador y la trabajadora son personas, que tienen espiritualidad y dignidad, es el Capital Humano que, tanto el Estado a través del Gobierno y el empresariado, tienen el deber ético de protegerlo y de dignificarlo.
La Fiscalización del cumplimiento de las Leyes y de las Normas es un deber del Estado y le corresponde al Gobierno de Turno llevar adelante esta función. Una Fiscalización real y efectiva es uno de los mecanismos con que el Estado cumple con su deber de protector de sus ciudadanos. El hecho que SERNAGEOMIN cuente, en la actualidad, con sólo dos Inspectores, demuestra la poca o nula preocupación por la función Fiscalizadora que han tenido las autoridades que han dirigido a nuestro país.
La Protección Social que un Estado entrega a sus ciudadanos, no debe traducirse en otorgar Bonos más o Bonos menos, sino que en Leyes Justas y con Fiscalización Real, con real acceso a las oportunidades.
Esta tragedia se pudo y se debió haber evitado, si se hubieren escuchado las denuncias que los trabajadores, a través de sus Organizaciones, levantaron frente a las diversas autoridades, quienes como ha sido la constante, no actuaron e hicieron oídos sordos ante estas denuncias. Nos encontramos frente a una cruda realidad: En Chile, a los trabajadores no se les escucha, porque no somos considerados como interlocutores válidos. De continuar con esta política, será imposible, instaurar, en nuestro país, un verdadero Diálogo Social.
Por lo tanto, no sólo se debe responder: Por qué y quién autorizó la reapertura de la Mina. Sino que también, Por qué las autoridades, no actuaron frente a las denuncias de los Trabajadores, de la propia Inspección del Trabajo y de la Asociación Chilena de Seguridad.
El Estado de Chile no puede continuar evadiendo la ratificación de los Convenios OIT, especialmente el 102, relativo a las Normas Mínimas de Seguridad Social; el 155 que establece diversas recomendaciones sobre Seguridad Social y Salud de los Trabajadores y el 173 que contiene las Normas sobre la Seguridad y Salud en las Minas.

En base a los antecedentes señalados, la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, demanda:
1.- Emplear todos los recursos económicos, tecnológicos y el capital humano que permita rescatar a los compañeros mineros atrapados en la mina.

2.- Exigir al Fiscal que está llevando la investigación, el máximo de rigurosidad que permita perseguir las responsabilidades, judiciales, administrativas y políticas de todos los actores involucrados.

3.- Crear un Fondo, a través del Royalty Minero, que tenga como objetivo único el Financiamiento de la Seguridad de los Mineros de la Pequeña y Mediana Minería.
4.- Ratificar, por parte del Estado de Chile, los Convenios OIT 102, 155 Y 176.

Fuente: CAT.

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