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Profundo malestar por la norma de repatriación de inmigrantes aprobada en el Parlamento europeo

Los países latinoamericanos censuraron de forma unánime la norma, argumentando que viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales. La decisión, que recibió el visto bueno de los gobiernos de los 27 países de la Unión Eur

El secretario ejecutivo del CTCS, Ramón Ermácora, enfatizó que El Mercosur debe tomar una decisión contundente, mas allá de una simple declaración, frente a este atropello flagrante contra los derechos humanos. En la cumbre que se concretará en Tucumán vamos a solicitar a los presidentes del Mercosur se pronuncien con una actitud valiente y concreta.

Hasta el momento hubo respuestas de diverso tenor. El Estado argentino recordó que emigrar no es un delito, al lamentar los términos de la directiva de la Unión Europea en una nota de la Cancillería, en la que además rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal. Asimismo, expresó que establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación, constituye una violación de los Derechos Humanos fundamentales.
Otras de las voces que se levantaron en contra de esta determinación fueron las de los presidentes Rafael Correa y Evo Morales. El primer mandatario ecuatoriano afirmó que es una vergüenza lo que ha hecho Europa, en referencia al proyecto que prevé, entre otras medidas, retener a los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en casos excepcionales.
Días atrás el presidente boliviano Evo Morales bautizó el proyecto de la UE como la directiva de la vergüenza y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos como respuesta a la medida aprobada.
Hugo Chávez anunció incluso que estaría dispuesto a dejar de vender petróleo y a revisar las inversiones de los países europeos en Venezuela para los casos donde se aplique la nueva legislación contra inmigrantes.
Por su parte, el senado de Uruguay también rechazó la norma, anunciando que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitando a los parlamentos y gobiernos latinoamericanos a tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional. El documento subraya que la decisión europea constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional.
La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresa su decepción por la medida y considera una incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica.
El Gobierno paraguayo de Fernando Lugoconsideró que la norma cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.
A su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra una percepción negativa de la migración y, además, va contra una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos.

Fuente: Prensa sindical internacional