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La Amazonia en disputa

Nunca antes en la historia de Brasil se habló tanto del Código Forestal. Esta legislación vigente rige desde hace 30 años, aunque su primera versión es de 1934, y es considerada una de las más avanzadas en el mundo.
Desde 2009 el Código Forestal está siendo sometido a revisión y se creó una Comisión Especial en el Congreso con el objetivo de unificar 36 proyectos de ley que tenían un mismo objetivo: cambiar la ley ambiental vigente.
En julio se aprobó el proyecto de ley de la controvertida reforma al Código Forestal brasileño de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encabezada por Aldo Rebelo, diputado del PCDOB (Partido Comunista de Brasil).
La sesión estuvo reñida entre los diputados de la bancada «ruralista» –representante de los intereses de los terratenientes que lucran con la industria ganadera, la agricultura y la tala ilegal de árboles en la Amazonia– y los ambientalistas –que consideran que este nuevo código constituye un importante retroceso en la lucha contra la deforestación–. El proyecto de ley es criticado por ser una legislación más blanda, flexible y adecuada a los intereses de los agronegocios. En su defensa, Aldo Rebelo aseguró que “el principal objetivo de la reformulación de Código Forestal es preservar la naturaleza” y atribuyó los reclamos ecologistas a las ONG financiadas por Europa y Estados Unidos, que apoyan los intereses de la agricultura subvencionada en sus países.
En oposición, la candidata presidencial por el Partido Verde, Marina Silva –ex ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula–, afirmó que la modificación del Código Forestal “constituye uno de los peores retrocesos en materia de legislación ambiental en la historia de Brasil”.
En este contexto, es importante destacar que la bancada “ruralista” en el Congreso está compuesta por 70 diputados de todos los partidos, quienes representan en este caso a la elite económica latifundista que tiene agronegocios, que cuando están en juego sus intereses se unen y forman un partido aparte. Éstos han impulsado varias normativas destinadas a debilitar la legislación ambiental. Por eso, todo parece indicar que se unirán una vez más e impondrán su peso a la hora de definir la sanción definitiva del Código Ambiental Brasileño.
Por ahora los pasos a seguir son la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados; su paso a la Cámara de Senadores; su regreso a la Cámara de Diputados y, posteriormente, la sanción o veto presidencial. Actualmente, se está especulando con posponer la votación hasta después de las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Fondos públicos

En Brasil no existe un claro rumbo político respecto a las políticas públicas ambientalistas. Por un lado el gobierno creó el Fondo Amazonia, que depende del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad que tiene como meta promover el desarrollo sustentable, financiando toda actividad productiva que preste una contrapartida ambiental. Además, el gobierno nacional se ha pronunciado numerosas veces contra acciones y proyectos de normativas que atenten contra la naturaleza y finalmente el presidente Lula es considerado un modelo a seguir por su compromiso con el medio ambiente, demostrado en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague. Sin embargo, varios informes de organizaciones sociales y ambientalistas acusan al Estado brasileño de financiar los intereses espurios de las industrias agrícola y ganadera, que ponen en peligro a la Amazonia.
De acuerdo con el informe Situación de los bosques en el mundo 2009, de la FAO, después de Indonesia, la industria ganadera en la Amazonia brasileña es la mayor causante de deforestación a escala planetaria. El 17,3 % de la zona original cubierta por la Amazonia brasileña –725.850 kilómetros cuadrados– fue devastada. Esto constituye un área mayor a la suma de los territorios de Alemania, Suiza e Italia.
Según datos del gobierno de Brasil, las grandes fincas ganaderas son las responsables de alrededor de un 80% de la deforestación de toda la región amazónica.
En ese sentido es importante destacar que en la última década la industria ganadera de Brasil incrementó enormemente sus exportaciones: el volumen de carne exportada se multiplicó por 6. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que en 2000 Brasil se encontraba en el sexto lugar del ranking mundial de los mayores exportadores de productos agrícolas. En 2010 este país ocupa la tercera posición en el ranking mundial, después de Estados Unidos y la Unión Europea.
El informe de Greenpeace Brasil, Sacrificando la Amazonia, señala que para 2018 el gobierno brasileño desea doblar su participación en el mercado internacional de exportaciones de carne vacuna. Y prevé que para ese año Brasil suministre casi dos de cada tres toneladas de carne bovina al comercio internacional.
Pese a la existencia de algunas políticas ambientales, para consolidar su liderazgo e incrementar su participación en el mercado internacional con la exportación de carne vacuna, el gobierno está financiando la expansión de la industria ganadera en la Amazonia.

Frigoríficos

Esto contribuyó a que la región amazónica se consolidara como una importante zona productora de carne. Allí se instalaron megafrigoríficos trasnacionales –como Bertin, JBS y Marfrig–, que controlan el 50% de las exportaciones de carne bovina del país.
Estas empresas forjaron una alianza estratégica o joint venture con el gobierno con el fin de potenciar la cuota de exportación de carne vacuna brasileña en el mercado global. Greenpeace, la organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasil y el MST (Movimiento de los Sin Tierra) denuncian que estas corporaciones transnacionales acceden a financiamiento público a través del BNDES. Según Greenpeace Brasil, sólo en 2008 los fondos otorgados a los frigoríficos ascendían a la suma de 6.000 millones de reales. El MST señala que entre 2007 y 2009 esa entidad bancaria subvencionó con 17,4 billones de reales al sector agropecuario. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas, como indica la política de financiamiento del banco público.
La «Carta de los afectados por el BNDES» suscripta por movimientos de la sociedad civil también denuncia el aumento de las inversiones del BNDES y lo acusa de utilizar recursos del Fondo para los Trabajadores (FAT) y del Tesoro Nacional con el objetivo de favorecer a un pequeño grupo de grandes empresas en detrimento de campesinos e indígenas.
En los últimos diez años Brasil se posicionó como un líder mundial en el mercado internacional con su modelo de agronegocio exportador. Esto no hubiera sido posible sin la flexibilización de legislaciones económicas y ambientales. El BNDES, que fue creado para garantizar el desarrollo sustentable en el país, es hoy, según las denuncias de las organizaciones mencionadas, el principal garante y promotor de esta actividad que pone en peligro la subsistencia de la Amazonia y a su población.
Brasil está tomando medidas de desarrollo económico cortoplacistas, que no prevén que si bien hay regiones que alcanzarán un máximo de desarrollo humano, una vez que se agoten los recursos naturales en esas zonas, éstas pueden volver a retroceder hasta alcanzar el estado de pobreza anterior a la época dorada de especulación capitalista. Por ese motivo, distintos sectores de la sociedad brasileña reclaman ejercer un mayor control sobre el BNDES para que cumpla sus metas de desarrollo sustentable y no financie emprendimientos que contradicen ese objetivo primordial.

Por Julieta Galera de “Acción”, en defensa del cooperativismo y del país.

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